Esta mañana, en declaraciones radiales, Etchevehere dijo que Grabois era parte de una “asociación ilícita” y denunció el accionar de miembros del Gobierno, como la titular del Inadi, Victoria Donda, durante la audiencia judicial.

La situación es tal que desde el entorno de la familia Etchevehere señalaron incluso la posibilidad de que el juez Flores vuelva a ponerse del lado de Dolores y sus aliados y emita una orden para que se destruyan las cadenas y candados que cierran el acceso mediante uno de los dos pasos a la Estancia y temen que hasta pueda ordenar algunas detenciones.

Dolores Etchevehere, quien participa de la ocupación de ese establecimiento con el apoyo legal de Grabois, decidió donar el 40% de la parte que, según alega, le corresponde de la Estancia. Para eso, firmó con el “Proyecto Artigas” un acta fundacional de la “Comunidad Rural Organizada Artigas”, donde se desarrollará una colonia agroecológica. El resto de la familia denunció la semana pasada la “usurpación” de su estancia “Casa Nueva” y pidió el “pronto desalojo” de los ocupantes, que fue rechazado.

Lo que más inquieta a los productores y dirigentes fueron las dos resoluciones del juez Flores, que no solo rechazó el pedido de desalojo sino que también dispuso una restricción de acercamiento al ex ministro, sus dos hermanos –Juan Diego y Arturo Sebastián– y su madre Leonor.

En la noche del viernes, los productores decidieron movilizarse una vez más a Santa Elena. La concentración, llamada “Banderazo Federal”, llamó incluso a productores y ciudadanos de todo el país a movilizarse en las plazas de sus localidades.

La Mesa de Enlace de Entre Ríos se declaró en estado de “alerta y movilización” y expresó su “profunda intranquilidad” por los episodios con epicentro en la zona rural del Departamento La Paz, donde se pone en un segundo plano la seguridad jurídica y ha quedado evidenciada la vulneración del derecho a la propiedad”.

En tanto, preocupados por las tomas de tierras y rotura de silobolsas, que enmarcaron como “inseguridad rural”, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) solicitó una audiencia con la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, y al ministro del Interior, Eduardo de Pedro.

En tanto, los integrantes de la Mesa de Enlace de la provincia de Buenos Aires, dijeron que “el respeto a la propiedad privada es central en el contrato social de nuestro país y el gobierno nacional debe arbitrar con celeridad en aquellas circunstancias en que la propiedad privada corra peligro”. De igual modo se manifestaron las entidades del agro santafecinas y representantes pymes del sector de Economías Regionales de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME): “Exigimos acciones inmediatas por parte de los poderes Ejecutivo y Judicial de cada jurisdicción. La propiedad privada es un derecho fundamental y la Constitución Nacional está para ser cumplida”, dijeron.

Mientras tanto Luis Miguel Etchevehere recusó al juez y se suspendió la audiencia entre las partes por la toma del campo

Lo adelantó el ex ministro a través de Twitter. “Vamos a estar en la puerta hasta que salga el último de los ocupantes”, agregó.

Alejandro Martin para La Republicana.com.ar