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En el marco de la primera reunión de la Red para la Igualdad, la Vicegobernadora presentó el jueves, el proyecto de ley que contiene el Régimen de protección, asistencia y prevención de la violencia por razones de género. Con modalidad virtual, Laura Stratta informó al espacio multisectorial que el año pasado impulsó el proyecto de Paridad integral, sobre esta nueva iniciativa del Ejecutivo.
Sigrid Kunath, titular del Observatorio de Género y Derechos Humanos de Entre Ríos; Sofia Uranga y Gonzalo García Garro, del equipo de trabajo que elaboró el proyecto, también intervinieron en la presentación de la iniciativa a partir de la cual se llevarán adelante encuentros puntuales para avanzar en su análisis. “Esta es la primera convocatoria para contar de qué se trata, pero habrá otras” más específicas para el análisis anticipó Stratta quien valoró a la Red como “el espacio que necesitamos para fortalecer el debate desde lo multipartidario y multisectorial”.
En la reseña del proceso de elaboración del proyecto, Stratta recordó el femicidio de Fátima Acevedo, ocurrido en marzo de 2020, en la capital entrerriana. “No sólo nos atravesó y nos golpeó sino que también nos interpeló a quienes tenemos responsabilidades institucionales a poder fortalecer el sistema de protección en la provincia de Entre Ríos”, dijo.
Comentó cómo se dejó atrás la idea de reglamentar la adhesión a la ley nacional para tener “una ley propia que reconozca particularidades”. Destacó la presencia del Estado para garantizar derechos, el acceso real y efectivo a la justicia, la tipificación de las violencias, la caracterización de las mujeres (la del ámbito rural, de la isla, de la ciudad…), el reconocimiento del territorio, de los municipios, de las organizaciones de la sociedad. También marcó que la protección, asistencia y la prevención no son responsabilidad de un solo poder del Estado o de las organizaciones. Habló de “un proyecto amplio, participativo que dé cuenta de todo un engranaje que tiene que participar para la protección de las víctimas”.
REVISIÓN. Kunath se refirió a esta temática que “nos desafía permanentemente” y aportó en su intervención que el proyecto presentado se desacopla de la legislación nacional en lo procedimental, “trae cuestiones prácticas y operativas”. También se aludió a “miradas integrales” de manera que ninguna situación quede desprotegida.
Hizo una referencia a las normas legales que dieron marco al proyecto y al igual que lo había hecho la vicegobernadora especialmente tomó el artículo 17 de la Constitución Provincial.
Sofía Uranga y Gonzalo García, integrantes del equipo que trabajó en la redacción del articulado, hicieron referencia a los principales ejes del nuevo Régimen de protección, asistencia y prevención de la violencia por razones de género.
Uranga, abogada, explicó que “es un proyecto del Ejecutivo que viene a preguntar qué más hace falta, qué está mal y qué se puede mejorar, y desde ese lugar también charlar con los legisladores y legisladoras para llegar a la mejor ley posible, sabiendo que no hay magia, sino procesos que son reales y que afectan a las personas”.
Por su parte, García Garro dijo que “legislar sobre violencia de género es legislar sobre un abanico de relaciones humanas muy amplio” y de “tomar la posta al momento de dar respuesta a la sociedad”. Remarcó la idea de “un marco normativo con una mirada propia” antes de señalar que “hay un sinnúmero de conductas humanas permanentes que constituyen violencia y esta ley pretende dar respuesta a eso y hacerlo con una mirada autóctona que recoja la experiencia, que recoja la práctica judicial pero también la práctica política e institucional de Entre Ríos”, aseveró.
El proyecto
El proyecto a lo largo de 64 artículos, avanza sobre una multiplicidad de aspectos porque “en Entre Ríos queremos proteger los derechos de las mujeres, en especial el derecho a vivir una vida libre de violencias”. La propuesta entonces es “discutir y construir una legislación moderna con dispositivos y organismos organizados y eficientes”, expresan los fundamentos.
Se propone “habilitar a que todos los jueces y juezas de Entre Ríos, ante hechos de violencia de género, tomen las denuncias, que se tramiten con carácter urgente y se puedan dictar medidas”; “el uso de un lenguaje accesible, al igual que establece el Código Procesal de Familia y un rol activo de la magistratura en todas las etapas del proceso; así como revisar y ampliar las medidas cautelares, porque se considera necesario “dar a los jueces y juezas la posibilidad amplia de dictar medidas de protección, bajo el criterio y evaluación del riesgo que cada situación indique.