TODO ES CUESTIÓN DE PLATA EL RESTO ES VERSO!!!
La expectativa por un fideicomiso que hoy tiene 11 mil millones de pesos y podría alcanzar los 24 mil millones de dólares, que fue creado por Carolina Stanley y llevado por María Eugenia Bielsa, hasta que hace un mes volvió a Desarrollo Social pone en tensión la relación entre Juan Grabois y el flamante ministro Jorge Ferraresi.
Esta memoria tiene una historia. En agosto de 2016, el Estado puso en marcha el primer relevamiento nacional de barrios populares en el país, un esfuerzo sin dudas inédito que tenía como objetivo dimensionar la problemática de la informalidad urbana en la Argentina. Se hizo a través de la Jefatura de Gabinete de Ministros, el Ministerio de Desarrollo Social, la Agencia de Administración de Bienes del Estado y el Anses, en conjunto con organizaciones de la sociedad civil como Techo y organizaciones sociales representadas por la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y Barrios de Pie, además de la Iglesia Católica argentina, representada a través de Cáritas. Pero si se le pone nombre y apellido a la iniciativa, son dos los que se destacan: Mario Quintana y Juan Grabois.
Lo sierto es que, luego del relevamiento, se creó por decreto presidencial 358/17 el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap) y al año siguiente, en octubre de 2018, fue sancionada la ley 27.453, con apoyo unánime en ambas Cámaras del Congreso. La norma declaró de utilidad pública y sujeto a expropiación los inmuebles comprendidos en el registro, suspendió los desalojos en los barrios por un período de cuatro años, y habilitó la creación de un régimen especial de regularización dominial. Además, sentó las bases de su financiamiento a través de un fideicomiso.
Mario Quintana, ex vicejefe de Gabinete de Mauricio Macri, fue el gran impulsor del RENABAP y el FISU, que ahora está en manos de una funcionaria de Juan Grabois (Manuel Cortina)
Es bueno recordar el esfuerzo del economista que trabajó hasta el último día para formalizar lo que, pretendía, se transforme en una política de estado, que de sustento a lo que décadas de peronismo no lograron. A saber, una solución a escala con el grave problema de vivienda, racionalidad en el gasto y en el diseño de las obras, eliminación del clientelismo político a través de criterios objetivos en la asignación de recursos, y la posibilidad de obtener aportes privados para fines concretos, garantizando transparencia del proceso de construcción y la trazabalidad de los fondos.
Como se explicó en un informe que presentó Carolina Stanley, el relevamiento permitió conocer, por primera vez, con datos oficiales, fehacientes y exhaustivos, que existían en la Argentina -al 31 de diciembre de 2016- 4416 villas y asentamientos, en los que 935.000 familias (unas 4 millones de personas) viven sin acceso a servicios básicos ni titularidad del suelo que habitan.
El funcinario a cargo siguió trabajando hasta el último día del gobierno que había perdido las elecciones para dejar todo en marcha. El 5 de diciembre de 2019 logró que Macri firmara el decreto reglamentario del Fideicomiso Integración Social Urbana (FISU) y no dejó el contrato firmado con el BICE, como habría querido, porque le cobraba una comisión que juzgó demasiado alta. “Las próximas autoridades podrán conseguir mejores condiciones que un gobierno de salida y tendrán 60 días para realizarlo”, pensó en ese momento.
El dato crucial es que para el relevamiento realizado en 2016 con 4416 barrios populares, que seguramente será mayor a estas alturas, es que requiere una inversión total que fue calculada en USD 26.000 millones.
Hasta ahora tiene 11.000 millones de pesos que fueron recaudados por el impuesto PAIS, ya que el diputado Leonardo Grosso (Movimiento Evita) logró introducir con el respaldo de Máximo Kirchner ese porcentaje en la ley de emergencia sanitaria que se votó al inicio de la pandemia. Y, según adelantó el diputado Itai Hagman, el 15% del impuesto a la riqueza también estará destinado a este Fideicomiso. Si se parte del supuesto de que podría recaudar $300.000, el FISU tendrá un aporte de $45.000 mil millones más. Claro que parecen cifras descomunales, pero están muy lejos de las necesidades de los barrios populares.
Pero el punto es otro. Ese FISU, con una necesidad ya calculada de 26 mil millones de dólares, es la caja teórica por la que todos pujan. Con la llegada del Frente de Todos, la arquitecta rosarina María Eugenia Bielsa lo quiso para su Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Y hasta allá fue la Secretaría de Integración Socio Urbana. La designación del nuevo secretario tomó tres meses. Juan Grabois pujaba por ese lugar, ya que se sentía padre del proceso, pero a los demás movimientos sociales no les gustaba la idea.
Si pretendía llevarse de nuevo el área al Ministerio de Hábitat para quedarse con esa caja que hoy tiene 11.000 millones de pesos, podría incrementarse en 45.000 millones más si se aprueba el impuesto a la riqueza y -teóricamente- puede llegar a 24.000 millones de dólares, Grabois le puso un límite, en alianza con Arroyo y -se supone- buena parte del Gobierno.
Alejandro Martin para LAREPUBLICANA.COM.AR
