Corrupción en cárceles bonaerenses: presos cobran “protección” bajo la complicidad del jefe del Servicio Penitenciario
A raíz de una denuncia presentada ante la Justicia, solicitan que se investigue a las autoridades del Servicio Penitenciario Bonaerense por corrupción y cobro indebido de “seguros de vida” o “protección” dentro de la cárcel de Lisandro Olmos, de Florencio Varela y otras unidades penitenciarias de la Provincia. Los denunciantes anónimos aseguran que los capellanes deben abonar una especie de “canon” de $22.000 anuales para “asegurar la integridad física de los trabajadores de culto”, que auspician las misas dentro de los pabellones.
Por otro lado, según consta en la denuncia que investiga la UFI Nº 17 a cargo de la doctora María Eugenia Di Lorenzo, el propio SPB dejó sin efecto la resolución administrativa interna, que creaba un consejo Asesor de Culto no católico. Esto trajo consecuencias nocivas, como la implementación de credenciales apócrifas dentro de las cárceles para poder ejercer su profesión.
Una fuente consultada por este medio enumeró una serie de delitos que se llevan a cabo dentro de la unidad carcelaria: “ocurren suicidios, cobros indebidos por el uso de camas a personas que recién ingresan a los pabellones evangélicos, nombramiento de pastores por parte de oficiales y agentes del Servicio, para recaudar fondos productivos de dadivas y narcomenudeo”.
Vale destacar que la mayoría de los integrantes de la cúpula de oficiales que estaba a cargo de la Unidad Penal 1 de Lisandro Olmos fue removida de su cargo días atrás. Entre las acusaciones que trascendieron, aparecen venta de drogas dentro de la cárcel, irregularidades en el servicio alimentario, pabellones y celdas tarifadas y hasta comercialización de permisos para estudiar y trabajar. Pero los denunciantes esperan que también sean investigadores como cómplices al director máximo del SPB, Xavier Areses, ya que esto no sólo sucede en Lisandro Olmos.
También apuntan contra el ministro de Justicia, Julio Alak, por falta de actuaciones ante semejantes delitos, porque estas denuncian llevan más de un año y recién ahora se inició un sumario contra los funcionarios imputados.